Niños warao sometidos a la basura como medio de vida

Los índices de pobreza extrema van en ascenso en el segundo estado más pobre de Venezuela: Delta Amacuro.

Probablemente la mayoría de los seres humanos tuvieron su infancia entre charcos tras disfrutar bajo la lluvia, pero no en un basurero, como en este caso.

Hoy día el hogar de decenas de niños está en medio del botadero de basura de Tucupita. Su comida, su diversión y finalmente su vida, están entre la basura, la vida en la que la misma crisis venezolana los va sometiendo cada día más.

Esta situación ha sido denunciada por el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Delta Amacuro, José Antonio España, “ellos comen lo que consiguen ahí, siendo los niños los más afectados, porque están creciendo y viviendo entre desperdicios y todo esto ocurre bajo la indolencia del gobierno regional que no hace nada al respeto”.

Diversas organizaciones sociales de Tucupita vienen alertando desde 2010 un aumento en la precariedad de las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades warao.

Son muchos los infantes que fallecen sin ser registrados en los centros de salud, por lo que oficialmente nunca nacieron, ni murieron; esto porque  los hospitales están alejados de las comunidades indígenas y no ofrecen un sistema de visitas ni de seguimiento.

Las causas de la mortalidad infantil en las zonas indígenas del estado Delta Amacuro son varias, pero entre ellas prevalecen las enfermedades gastrointestinales y la desnutrición.

No se sabe con exactitud el número de familias waraos que viven en las adyacencias del vertedero municipal de Tucupita, pero en conversaciones sostenidas con habitantes del sector señalan que son más de 100 las personas que allí habitan.

Es preciso resaltar que garantizar el derecho a servicios como la salud es deber de los funcionarios de la entidad, en atención a un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 24 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y ratificado en los artículos 83 y 122 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.


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