Kapé Kapé toca la puerta de instituciones públicas en busca de alianzas

Consecuente con su misión de tender puentes entre las instituciones públicas y las comunidades indígenas organizadas en busca de mejoras para su calidad de vida, el Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé visitó varias instituciones públicas del estado Bolívar para plantear las condiciones de salud que ha detectado en su trabajo en la entidad.

En el comunicado, la organización se hizo eco del alerta levantado por expertos en la materia a propósito del repunte de la malaria en Bolívar. Recalcando que la malaria es hoy en día un riesgo inminente para las comunidades indígenas en zonas remotas de la cuenca del río Caura en los municipios Sucre y Cedeño.

La organización puntualizó que, especialmente en el caso de los pueblos indígenas más alejados, sus habitantes no cuentan con centros de atención médica inmediata, y en algunos casos deben hacer viajes de días, recorriendo grandes distancias por ríos, carreteras e incluso a pie, para poder llegar al punto de atención más cercano.

En este sentido, el presidente de la organización, Armando Obdola resaltó la disposición de Kapé Kapé para colaborar en la búsqueda de soluciones a este y otros problemas. Agregó también que están en gestiones para conseguir insumos médicos con la empresa privada para prestar apoyo a estas comunidades que tanto lo necesitan.

Obdola recordó que la organización Kapé Kapé lleva años trabajando con las comunidades indígenas organizadas en temas de reforzamiento cultural, educación en derechos humanos y actividades deportivas y recreativas.

Las instituciones visitadas por el Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé en esta oportunidad fueron la Defensoría del Pueblo, Defensoría Indígena, Instituto de Salud Pública y Dirección de Salud Indígena del estado Bolívar, en todas ellas se recibió la buena disposición para el trabajo conjunto por las comunidades indígenas.

En Bolívar coexisten 18 pueblos indígenas que aglutinan a una población estimada de al menos 54.686 personas. Se trata de una población que vive entre grandes condiciones de desigualdad social que ameritan la colaboración de instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general para acabar con la discriminación histórica a la que han sido sometidos nuestros pueblos originarios.


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