La defensa de los derechos humanos de los indígenas es garantía de diversidad cultural

Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, mecanismo internacional que pretende abonar el camino hacia la equidad, la justicia y la libertad como garantía de convivencia de los pueblos y la paz.

Desde septiembre de 2007 la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuenta con un apartado referente a los derechos indígenas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que orienta a los Estados y los pueblos indígenas a la elaboración de leyes y políticas que repercuten en estos pueblos.

Esta declaración establece una serie de principios básicos como el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, su derecho a las tierras, territorios y recursos, la definición de sus derechos como colectivos, la igualdad y la no discriminación.

Los avances de las actividades extractivas, en particular la minería, los megaproyectos de infraestructura son actualmente parte de las mayores amenazas para los pueblos indígenas de América Latina.

Estos modelos atentan, entre otras cosas, con  el derecho a la libre determinación y al territorio, a decidir los modelos y prioridades de desarrollo, el uso de los bienes naturales, y la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.

Se trata de una batalla desigual, en la que los Estados lejos de cumplir con su deber de proteger los derechos de los pueblos indígenas, por el contrario, propician medidas como la militarización de sus territorios.

Aunque en Venezuela muchos de estos espacios están protegidos por convenios y tratados internacionales, parques naturales están siendo invadidos por asentamientos irregulares, pistas de aterrizaje clandestinas que se usan con frecuencia en el tráfico de drogas y el contrabando y por pequeñas explotaciones mineras. Cerca del Caroní y en otras regiones, este sector informal de la minería está generando un importante impacto ambiental -que se está repitiendo en otras zonas como el Caura.

En este sentido, hoy más que nunca es necesario que los Estados garanticen un sistema de defensa de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, como única vía para la elevación de su calidad de vida y la preservación de su cultura milenaria.


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