Militares y funcionarios del Estado violan derechos sociales de los adultos waraos

La discriminación, el desconocimiento y la vejación de los derechos humanos hacia los  miembros de pueblos indígenas se repiten en las instituciones del Estado en el Delta.

Los funcionarios públicos y efectivos militares desconocen las normativas jurídicas que favorecen a los pueblos indígenas de Venezuela. La ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas  señala textualmente en su artículo 108 que “El Estado, en coordinación con los pueblos y comunidades indígenas, protegerá a los ancianos y ancianas indígenas por constituir el eje fundamental de la familia, sociedad y cultura indígena e instrumentará todo lo necesario para garantizarles condiciones de vida digna, conforme a sus usos y costumbres. Los indígenas y las indígenas gozarán de una pensión de vejez o ayuda económica a partir de los cincuenta años de edad, a cargo del órgano o ente encargado del sistema de seguridad social del país, de conformidad con las normas previstas en la ley que rigen la materia y la presente ley”.

Sin embargo, esta normativa no la reconoce el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y en las instituciones bancarias de Tucupita, donde los militares y trabajadores de los bancos atropellan y discriminan a los waraos que realizan su cola en la fila preferencial de las personas adultas.

“Tengo 58 años y los militares me forzaron a abandonar la fila preferencial, soy warao y para efectos de la ley, soy persona de tercera edad” señala Baudlio Herrera, quien fue obligado abandonar su puesto por órdenes de los militares que custodiaban una cola de banco en Tucupita.

Raúl Hernández, artesano y activista de los derechos indígenas señala al respecto que los militares y funcionarios del Estado no acatan las leyes venezolanas y los waraos adultos son maltratados e ignorados en las entradas de los bancos en detrimento de la dignidad humana..

“No es invento, lo dice la ley, los indígenas son adultos mayores a partir de los cincuenta años” recalca Hernández.

El equipo investigador del Observatorio de Derechos Indígenas Kapé kapé se hizo presente en el IVSS para recabar informaciones sobre la aplicabilidad de esta normativa. Al respecto, una funcionaria que solicitó resguardar su identidad afirmó que “dicha normativa no ha sido puesta aún en vigencia y, por lo tanto, las mujeres deben tener 55 años y los hombres 60 años para tener acceso a la pensión que el estado venezolano le reconoce por motivo de vejez.


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