La población pemón del municipio Gran Sabana, fronterizo con Brasil, no ha recibido justicia tras el asesinato de cuatro miembros de su etnia en los ataques militares en la comunidad de Kumarakapay el 22 de febrero de 2019 y en Santa Elena de Uairén al día siguiente.

Tampoco ha cesado la persecución y el temor de una nueva arremetida, lo que ha motivado a 966 indígenas de 14 comunidades de Gran Sabana a desplazarse a Brasil, denunció el jueves el abogado del Foro Penal, Olnar Ortiz, durante la audiencia pública de seguimiento de las medidas cautelares a su favor y de los indígenas de San Francisco de Yuruaní convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte del 172 periodo de sesiones en Kingston, Jamaica.

El comisionado Francisco Eguiguren, relator para Colombia, Bolivia y Venezuela, explicó que esta fue una audiencia de oficio bastante peculiar, pues indicó que estas audiencias de seguimiento de medidas cautelares se realizan por regla general en reuniones de trabajo privadas donde asiste la representación de los beneficiarios, las autoridades del Estado y la Comisión para analizar con amplitud la situación de las medidas.

Al conocer que la representación del gobierno de facto de Nicolás Maduro, dijo, no asistiría, la CIDH decidió hacer la audiencia de forma pública para visibilizar los casos y obtener respuestas “porque estas ocho medidas cautelares no han recibido respuesta de las autoridades del gobierno de facto”. “Para que esto no quede en el silencio estamos haciendo esta audiencia de seguimiento”, ratificó.

El coordinador de Pueblos Indígenas del Foro Penal detalló que 47% de la población indígena pemón desplazada a las comunidades brasileñas es menor de edad y denunció la desaparición de Héctor Luis Junior, un guía turístico de 31 años de la comunidad de Maurak, visto por última vez el 12 de abril de 2019. “Fuentes no oficiales informan que fue llevado a Venezuela”, afirmó.

Ortiz informó que los capitanes de las tres comunidades indígenas de Brasil, entre ellas Tarau y Bananal, que han refugiado a los pemones desplazados han recibido amenazas por parte de indígenas adeptos al régimen de Maduro.

El municipio Gran Sabana, destacó, permanece militarizado y se ha registrado el ingreso de funcionarios militares y más de 20 tanquetas de la Guardia Nacional, mientras que entre el 2 y el 5 de mayo ingresaron cinco tanques de guerra.

Solicitó, en ese sentido, ratificar las medidas cautelares a su favor y de la población de Kumarakapay, ampliarlas a todo el pueblo pemón del municipio Gran Sabana y extenderlas a las tres comunidades indígenas en territorio brasileño, entre ellas Bananal y Tarau, en las que se han refugiado los pemones venezolanos.
Con información de Correo del Caroní