Indígenas de Amazonas rechazan actividades mineras de disidencias de las FARC en sus territorios

Comunidades indígenas del municipio Atabapo del estado Amazonas dieron un ultimátum a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para retirarse de su territorio.

El 6 de agosto, la comunidad indígena Piedra Blanca -de la etnia cubeo- retuvo una maquinaria que el grupo irregular pretendía ingresar para la extracción de minerales en el Parque Nacional Yapacana, uno de los más afectados por la minería ilegal en la Amazonía venezolana.

Desde entonces han realizado asambleas comunitarias, recolectado firmas y sumado el apoyo de dos caciques generales y 37 capitanes indígenas comunitarios para reclamar la salida de este grupo armado en particular que, denuncian, impone su ley, se ha apoderado de las minas ilegales y viola los derechos de los pueblos indígenas.

El miércoles, los indígenas fueron al puesto de la guerrilla conocido como Puerto Cuarenta y exigieron al comandante J  la salida del territorio.

El equipo de las disidencias de las FARC que la comunidad indígena Piedra Blanca en Amazonas retuvo e impidió que fuera transportado al Parque Nacional Yapacana | Fotos cortesía

Guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC operan en Amazonas y en el sur y oeste de Bolívar desde 2013, de acuerdo con un informe de 2017 de la organización colombiana Fundación Ideas para la Paz (FIP). Su objetivo es acceder y controlar los yacimientos de coltán, oro y diamantes que se encuentran en la región. Cuando este informe fue publicado, la disidencia del Frente Acacio Medina ingresaba a Amazonas por el paso fronterizo de San Fernando de Atabapo, pasando por el río Ventuari, hacia el Parque Nacional Yapacana, donde se encuentran enormes minas de oro aunque la minería está prohibida en Amazonas, de acuerdo con el decreto 269 de 1989.

Nancy Herrera, líder indígena e hija del cacique general de la parroquia Yapacana, Claudio Raúl Herrera, aseguró que están en una situación crítica “en amenaza de parte de las FARC y no contamos con apoyo del gobierno porque ellos están junto con las FARC, los militares venezolanos”.

“Muchos indígenas estaban a favor de ellos (guerrilla) porque empezaron a cobrar impuestos, porque se benefician, pero los caciques están unidos y en contra de la presencia de la guerrilla. Están decididos a defender porque de qué van a vivir nuestros hijos y nietos. No negamos que hay minería, que no son kilos, sino toneladas”, relató.

El 6 de agosto, el grupo que se autodenomina FARC intentó trasladar una máquina grande al Parque Nacional Yapacana. Ese día, la comunidad retuvo el equipo. “Ellos dijeron que eso era de una mujer indígena, sacaron excusas. Era escoltada por la guerrilla y militares, pero ¿de dónde una mujer indígena va a tener tantos millones para una máquina como esa?”, cuestionó. La máquina, dijo, era transportada desde Puerto Ayacucho, capital de Amazonas.

“No es por atacar al gobierno, es por el crimen y las amenazas de muerte contra nosotros los indígenas. Empezamos a hacer las asambleas en julio, agosto, septiembre, y empezaron los ataques de las FARC, empiezan a pasar por encima de nosotros y a pasar maquinarias pesadas para destruir (…) Piensan meter retros, jumbos y maquinarias pesadas. El guerrillero dice que no le importan los caciques y capitanes, que si el gobierno los saca, ellos salen”.

 Los grupos del ELN y las FARC parecían operar bajo una suerte de acuerdo en complicidad con autoridades civiles y militares de Amazonas e, incluso, con la anuencia de las comunidades indígenas. En este caso, el rechazo se centra en las operaciones de las disidencias de las FARC. “No tenemos problemas con el otro grupo (ELN)”, dijo Herrera.

La organización Kapé Kapé ha documentado en los últimos años las precarias condiciones de vida de las comunidades indígenas en todo el sur de Venezuela y la falta de asistencia de parte del Gobierno nacional, que se vio reflejada recientemente en una protesta por la falta de servicios, gasolina y gas doméstico. Los indígenas trancaron el eje carretero que comunica a Puerto Ayacucho con Samariapo durante cinco días entre el viernes 18 y el martes 22 de septiembre.

El miércoles, la organización informó que las comunidades de Atabapo pidieron apoyo para hacer el cierre total de la boca del río Orinoco, paso fluvial obligatorio que conduce hacia las minas ilegales del Parque Nacional Yapacana. “En relación con este tema, en fuentes periodísticas de Puerto Ayacucho se ha conocido de las amenazas que estarían recibiendo algunos líderes indígenas por la oposición que están haciendo a la intención que tiene un grupo irregular de trasladar un tractor de oruga hacia las minas del parque Yapacana”, dijo, un equipo que profundizaría el deterioro ambiental en el área.

2.227 hectáreas afectadas por la minería

La organización SOS Orinoco precisó en abril de 2020 que 2.227 hectáreas estaban afectadas por la minería en el Parque Nacional Yapacana, en el que contaron 69 sitios mineros. Con respecto a la revisión que habían realizado el año previo, con imágenes satelitales de 2018, la tasa de crecimiento fue de 242 hectáreas por año.

“El mayor crecimiento minero en términos de superficie, dentro del parque nacional, ocurrió fuera de los sectores tradicionales (Moyo, Maraya y Cerro Yapacana). El sector tradicional donde creció más la minería fue en Cerro Yapacana”. En este último se detectaron 74 hectáreas afectadas adicionales.

El informe reitera el consorcio entre el ELN y las FARC, “así como la característica de isla-estado en que ha convertido al Parque Nacional Yapacana la guerrilla para continuar expandiendo su control territorial al sur del Orinoco venezolano, lavar dinero del narcotráfico vía comercio ilegal del oro y de otros minerales como el coltán, y aprovechar nuestro espacio terrestre, fluvial y aéreo para el tráfico de drogas”.

Información vía Correo del Caroní


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