Indígenas de San Luis de Morichal son víctimas de un nuevo intento de invasión

La amenaza que por años se ha tejido en torno a esta comunidad pemón parece estarse concretando tras mucha lucha y resistencia.

En la última semana habitantes de esta alejada comunidad del municipio Sifontes vienen denunciando la instalación de grupos armados en sus territorios con la pretensión de hacer mano de la riqueza mineral de estas tierras que ancestralmente ocupan.

Lexys Rendón, directora de Laboratorio de Paz, usó sus redes sociales para instar a la Fuerza Armada Bolivariana, Ministerio del Poder Popular para la Justicia y Paz y a la REDI a que protejan a este grupo de indígenas, recordando que “por años la comunidad de San Luis de Morichal se ha negado la presencia de estos irregulares. 6 desaparecidos y 4 asesinatos ha sido el lamentable saldo”.

En las últimas horas se ha conocido de la llegada de un grupo que se hace cada vez más numeroso que busca instalarse en la comunidad a la fuerza.

Desde 2017 la comunidad de San Luis de Morichal viene siendo blanco de amenazas y hostigamientos para abandonar sus tierras. Durante este tiempo han ocurrido asesinatos, secuestros, desapariciones denunciadas por líderes indígenas, que incluso han costado vidas, como la muerte de Oscar Mella.

En junio de 2018, al menos cinco personas fueron asesinadas por grupos armados en esta comunidad pemón, según denunció en su momento Juvencio Gómez, líder indígena de la Gran Sabana, quien relataba que los habitantes de San Luis de Morichal estaban en una situación casi de “secuestro” pues nadie podía entrar ni salir del sector por el constante asedio de grupos armados.

Como lo venimos haciendo desde 2017 con los primeros reportes de violencia en San Luis de Morichal, rechazamos de manera contundente los  hechos ocurridos en esta comunidad pemón del municipio Sifontes del estado Bolívar, donde en los últimos años han ocurrido violaciones graves de los derechos humanos al pueblo pemón, como asesinatos, secuestros, desapariciones forzosas que fueron denunciadas por el Consejo de Caciques Pemón en pronunciamiento público el 18 de marzo de 2018, cuando rechazaron y exigieron al Estado venezolano el cese la impunidad de la que están siendo víctimas, a causa de la actuación de los llamados sindicatos armados que operan en la zona producto de la explotación minera, cometiendo todo tipo de violaciones de DDHH, sin que el gobierno regional o nacional ejerzan acciones.

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