Sigue trancada la troncal 10: Indígenas de Sifontes exigen la salida de grupos armados de sus territorios

Por medio de un comunicado, los representantes de las 22 capitanías del municipio manifestaron que la protesta es una expresión de su rechazo a las agresiones físicas en contra de Junior France, Capitán arawako de Joboshirima y del profesor Norres Browne, indígena pemón de la comunidad de Inaway.

Afirman que las agresiones forman parte de una serie de atropellos que vienen sufriendo las comunidades indígenas del municipio Sifontes, en Bolívar, a manos de grupos armados que controlan la zona, y que actualmente buscan apropiarse de nuevos espacios de su territorio.

En un comunicado, los líderes indígenas expresaron su rechazo al irrespeto de sus derechos garantizados en la Constitución y demás instrumentos legales del país, situación que les impide “tener acceso seguro a sus tierras y recursos esenciales para el bienestar (…) decidir en nuestra jurisdicción especial indígena sobre asuntos internos que nos conciernen como pueblo”.

Como parte de esta protesta que inició el pasado 12 de enero, los indígenas trancaron la troncal 10, en la autopista internacional que conecta a Venezuela con Brasil por el estado Bolívar.

Las comunidades que protagonizan la protesta son Sororopano, Santa Lucía de Inaway, San Miguel de Betania, Arayma Tepuy, Jobochirima, Guarumapate y Santa Flaviana.

En el comunicado publicado por los líderes indígenas, también insisten en su derecho a decidir el destino de sus territorios, sin injerencia externa.

“Las decisiones que nosotros autoridades indígenas y pueblo en general, hemos tomado sobre el funcionamiento interno de nuestras actividades sociales, políticas y económicas, sólo nos concierne a nosotros y por lo tanto, la intermediación de grupos irregulares, organizaciones foráneas, supuestos consejos comunales, no tienen incidencia, ni derecho a cuestionar lo que hemos considerado necesario para el bienestar de nuestras comunidades”.

Parte de la disputa inicia por la puesta en funcionamiento de un galpón, que según indican en el comunicado, lleva aproximadamente 25 años abandonado, y que los líderes indígenas de estas comunidades acordaron reactivar como espacio para encuentros y actividades comunitarias.

Una decisión rechazada por los grupos que controlan la actividad minera en la zona y que dio paso a las agresiones físicas que originaron la protesta que inició hace ya dos días.

Los líderes indígenas piden a las autoridades garantía de paz en sus comunidades “desmantelando los grupos de delincuencia organizada que existen en la zona” y que tome las medidas para garantizar una actividad minera sin violencia e ilegalidad.

“Que el Estado venezolano asuma de una vez por todas conjuntamente con las comunidades indígenas, corporaciones de inversión y empresas de producción, el control de las actividades mineras en la zona, y que sin necesidad de grupos violentos se pueda garantizar la economía del país”.

El grupo sostiene que la protesta no finalizará hasta tanto las autoridades respondan a sus exigencias.


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