A una semana del asesinato de 4 yanomami, crece la tensión en Parima B

A una semana del asesinato de 4 yanomami habitantes de comunidades de Parima B, municipio Alto Orinoco del estado Amazonas, la tensión sigue reinando en esa zona, sin que hasta el momento alguna autoridad haya logrado acuerdos relevantes que satisfagan las demandas de justicia de los indígenas.

A una semana de haberse producido este lamentable y trágico suceso, se desconocen los resultados de alguna experticia que hayan realizado organismos de seguridad competentes en la materia.

La mediación que han realizado con los indígenas yanomami solamente ha logrado que estos permitan el traslado de los 2 militares heridos. Mientras varias decenas de yanomami vigilan la sede de la base de seguridad fronteriza impidiendo la salida de los 16 efectivos militares que están acantonados en dicha instalación, exigiendo la aplicación de justicia según su uso y costumbre por el asesinato de 4 de sus hermanos.

A la zona de Parima B no se ha tenido acceso de manera independiente. En una publicación la tarde de este domingo 27 de marzo, el abogado Olnar Ortíz, del área indígena de la ONG Foro Penal, informó que se trasladó a Alto Orinoco, pero solamente pudo llegar hasta La Esmeralda, no le fue permitido viajar a Parima B, dijo en su cuenta de Twitter que los indígenas yanomami están exigiendo ahora la presencia de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.

7 días de negociaciones infructuosas

El pasado domingo 20 de marzo en horas de la tarde, el capitán de Parima B, Sabino Silva, fue a la sede de la base de seguridad fronteriza, donde están destacados efectivos de la Aviación Militar Bolivariana. Ante la negativa del funcionario de permitirles el uso del internet, el indígena solicitó se le devolviera un router para wifi que habían prestado a los militares, lo cual también fue negado, lo que desencadenó una discusión a la que acudieron en su apoyo los habitantes de su shabono.

La situación desembocó en un conflicto donde los efectivos militares hicieron uso de sus armas de reglamento dejando como saldo 4 yanomami fallecidos, 3 hombres (2 de 22 años y uno de 30) y una mujer de 45 años. Además, hubo otros 3 indígenas heridos, uno de ellos de 16 años de edad, que fue trasladado a Puerto Ayacucho el día lunes 21 de marzo, y 2 efectivos militares a quienes apenas se le permitió traslado al hospital de la capital de Amazonas el jueves en horas de la tarde.

El día lunes 21 en la tarde, ya la noticia del enfrentamiento entre yanomami y militares en Parima B se corría en medios de comunicación, organizaciones y defensores de derechos humanos en Amazonas.

Ese mismo día, la Defensoría del Pueblo del estado Amazonas abrió un expediente por el caso, notificando del hecho a la Defensoría Nacional en Caracas y a la Fiscalía Superior en Puerto Ayacucho. Ya las autoridades militares se habían trasladado a La Esmeralda, capital de Alto Orinoco y luego a Parima B, para ponerse al frente de la situación.

La situación en Parima B estaba muy tensa, pasados ya 3 días del enfrentamiento y los yanomami les exigían a las autoridades militares que tenían que solucionar en su territorio y que debía proveerse justicia según sus usos y costumbres.

El miércoles 23 de marzo, la alcaldesa de Atures y ex ministra de pueblos indígenas, Yamilet Mirabal, informa a través de redes sociales que se encuentra en Parima B, “para atender y aclarar una problemática presentada por diferencias culturales”. En gráficas publicadas en sus redes sociales se ve a la funcionaria escuchando a los agraviados.

La presencia de la ex ministra no calmó a los indígenas yanomami, quienes siguen en los alrededores de la sede de la base de seguridad fronteriza y han manifestado que nadie sale de esas instalaciones y nadie entra hasta que sus demandas de justicia no sean satisfechas.

El mismo 23, el fiscal general de la República, Tarek William Saab anunció la designación del fiscal 91 nacional en materia indigenista y la fiscal cuarta de derechos humanos, para investigar conjuntamente con expertos del CICPC, la denuncia sobre enfrentamiento entre indígenas yanomami y efectivos militares.

Ya una comisión previa de técnicos criminólogos había ido a Parima B y retornado a Puerto Ayacucho, sin mayores datos y resultados.

El jueves 24 de marzo en horas de la tarde, presumiblemente luego de un acuerdo con los yanomami que se habían negado a cualquier evacuación, fueron trasladados a Puerto Ayacucho los 2 efectivos militares heridos en el enfrentamiento en Parima B. Estos fueron identificados como Eduard Evans y Jeferson Garrido.

El viernes 25 de marzo fue que arribó a la capital de Amazonas la comisión nacional del Ministerio Público designada por el fiscal general de la República para encabezar las investigaciones del enfrentamiento entre yanomami y militares en Parima B. Tenían planificado trasladarse a esa zona el sábado 26 de marzo.

Diversas organizaciones y defensores de derechos humanos han elevado su voz exigiendo al Estado una investigación imparcial que esclarezca todo lo ocurrido y que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar los derechos del pueblo indígena yanomami, atendiendo la vulnerabilidad que estos presentan y dando respuesta oportuna y satisfactoria a sus demandas dentro del marco de la ley.

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