Tribunales de Amazonas aún no dan respuesta a indígenas detenidos el 23 de enero
Recientemente se cumplió el primer mes de la detención de 10 indígenas de diferentes etnias, entre ellos 2 menores de edad, quienes fueron privados de libertad por la Guardia Nacional Bolivariana.
La medida fue ratificada por el Tribunal Segundo de Control del estado Amazonas, a raíz de su presunta participación en los violentos sucesos ocurridos en Puerto Ayacucho por las protestas del pasado 23 de enero.
Los 2 indígenas menores de edad fueron liberados en días posteriores a su detención, luego que sus familiares consignaran una fianza, mientras que aún se encuentran detenidos Juan Carlos Ponare Marchan, del pueblo Jivi, José Manuel Lara, Jesús Mirabal y Francisco Tinedo Martinez, pertenecientes al pueblo Bare, Ender Herrera (20 años y es estudiante universitario), Leandro Coronel (22 años y es vendedor de pescado) y José Diaz Silva (19 años y es vendedor de mañoco) del pueblo Huottuja y Marcos Mirabal (18 años y es peluquero) del pueblo Puinave.
A todos los indígenas amazonenses se les imputan los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, obstrucción de la vía pública, ultraje violento, intimidación pública, instigación pública y resistencia a la autoridad.
En el escrito de apelación que consignó el Defensor Público en materia indígena, Carlos José Lima, cuestionó esta imputación genérica puesto que los indígenas fueron detenidos en sitios y circunstancias diferentes.
Alega además que en las actas policiales no se individualizaron los delitos y que si los indígenas fueron detenidos en sitios diferentes y han manifestado que no se conocían, no puede haber asociación para delinquir, uno de los delitos imputados.
Aún cuando la apelación fue presentada hace más de 2 semanas, luego que tuvieran grandes dificultades para acceder al expediente, y pese a que la Corte de Apelaciones del circuito judicial de Amazonas ha tenido audiencias en estos días, no ha emitido pronunciamiento sobre la misma, manteniendo a los indígenas amazonenses privados de libertad y en unas circunstancias atentatorias contra los derechos humanos.
