Continúa la invasión de tierras indígenas en el municipio Sucre del estado Bolívar. Así lo alertó en asamblea comunitaria Salomón Asatali, Capitán de la comunidad sanema Majawaña, en la parroquia Aripao.

Reunido con miembros de esta comunidad de más de 150 habitantes, el líder indígena expuso su preocupación por la invasión de su territorio, por parte de grupos mineros foráneos que “tratan de ingresar y tener el poder de la comunidad, comprando la conciencia de sus habitantes con utensilios y amenaza de muerte, si no reciben el pago para ingresar a su territorio para trabajar la minería”, todo esto sin el consentimiento de las autoridades indígenas, ni consulta previa.

Asatali manifestó que, a pesar del miedo, se mantienen firmes por la defensa de su territorio, por esta amenaza que ha ido escalando desde julio del año pasado.

“Seguimos firme no permitiendo ingresar a personas foráneas a nuestra comunidad, sólo quieren hacer daño, sabemos que la presencia de estos grupos foráneos no beneficiará a la comunidad, solo veremos la consecuencia a futuro, con enfermedades, delincuencia, abandono de la comunidad, deserción escolar entre otros males”.

 

Intuyen que se trata de grupos que vienen de Amazonas y se están instalando cada vez con más fuerza en la comunidad “tienen un camino que llega directamente a nuestra comunidad, utilizan como guía a nuestros hermanos yanomami, bajo amenaza, pensamos que sean el mismo grupo que están operaron en el parque Yapacana, ahora nos atacan a nosotros para trabajar y explorar la minería en nuestro hábitat y tierra”.

El asedio de estos grupos ya comenzó a generar migración forzada en esta comunidad del municipio Sucre de Bolívar, 10 familias de esta comunidad abandonaron sus tierras por miedo a la inseguridad y la violencia desatada en la zona.

Continua asedio a indígenas del Caura

De acuerdo con las afirmaciones del capitán, las familias de la comunidad están prácticamente presas en sus casas, “porque no pueden salir a practicar su cacería, pesca y realizar sus trabajos cotidianos en sus hogares para mantener a sus familiares y llevarle el sustento diario. Por naturaleza nosotros los indígenas vivimos de la naturaleza, bosque, selva y ríos, esa es la base principal para mantener y conservar nuestra costumbre, cultura, idioma, territorio y nuestra historia para gobernar el pueblo sanema”.

La capitanía de la comunidad Majawaña está buscando el apoyo de sus vecinos del pueblo yekwana de Chajuraña, para exponer este caso ante las instituciones públicas y otras comunidades indígenas, no sólo en Bolívar, sino también de Amazonas, como medida que esperan les ayude a contener la expansión de la actuación de estos grupos en sus territorios.

En Bolívar conviven al menos 198 comunidades indígenas, un gran porcentaje de ellas habitan en espacios de lo que el Gobierno ha definido como el Arco Minero del Orinoco, y como consecuencia, ha trastocado la vida, costumbres y sostenibilidad de estas comunidades.

En los últimos años, este fenómeno ha ganado fuerza en las comunidades ubicadas en las cercanías del Bajo Caura, a pesar de que el 21 de marzo de 2017, el Caura fue decretado como Parque Nacional, por lo que está prohibida toda actividad minera en esta zona.

Caso emblemático ha sido el de la explotación ilegal en la mina de El Silencio, donde incluso se ha generado división entre habitantes de las comunidades indígenas y la muerte de líderes comunitarios a raíz de las disputas por el control de estos yacimientos.

En el informe “Violencia Minera en Comunidades Indígenas al Sur de Venezuela” presentado por Kapé Kapé en 2021, quedó en evidencia que el incremento de la violencia en las comunidades indígenas de los estados del sur, principalmente en Bolívar y Amazonas ha marchado en paralelo a la instauración del Arco Minero y la profundización de las prácticas delincuenciales que tienen lugar en el mismo, y pese a que el propio Estado desde la creación del Arco Minero del Orinoco ha conocido la situación, la serie de leyes y decretos promulgados para mejorar la situación de los habitantes indígenas que laboran en los yacimientos mineros, no han dado los resultados esperados, más bien han permitido profundizar la precariedad y violencia en estas zonas.