Los enfrentamientos por intereses extractivistas y la falta de cohesión en la lucha de organizaciones y comunidades indígenas tienen en riesgo al territorio indígena uwottuja del Alto Guayapo.

La omisión, y en algunos casos, complicidad de las instituciones del Estado son otro de los elementos de esta fórmula que amenaza la preservación de los espacios de este territorio indígena uwottüja del municipio Autana, que está en vías de convertirse en el nuevo foco de práctica masiva de la minería ilegal en Amazonas.

De lograrse el propósito de quienes están de acuerdo con la práctica de la minería ilegal, pronto el Alto Guayapo sufrirá las devastadoras que actualmente experimenta el Parque Nacional Yapacana y de otras zonas que han sido tomadas de manera ilegal para la actividad extractivista en los municipios Maroa, Rio Negro, Alto Orinoco y Manapiare.

En el Alto Guayapo, ubicado dentro de una zona reclamada como territorio ancestral del pueblo uwottüja denominado “Taerime, Siri´koi, Aerime, Suititi”, convergen varios intereses.

Por un lado están ORPIA y OIPUS, cuyas directivas, específicamente Otilio Santos, como presidente de la Organización Indígena Pueblo Unido del Sipapo, se ha manifestado reiteradamente contra la práctica de la minería en cualquiera de sus niveles. Desde mediados de 2020, esta organización ha presentado informes que dan cuenta de la presencia de hasta 500 mineros ilegales y de 15 máquinas que están trabajando en la zona.

Según la denuncia que han realizado, los mineros ilegales del alto Guayapo “son fuertemente financiados desde Colombia con maquinarias para la extracción de oro, combustibles, alimentos, efectivos en divisas extranjeras (pesos colombianos); por lo que estos grupos de mineros ilegales indígenas uwottüja, han ido captando a más indígenas, sobre todo a los jóvenes en su mayoría, con dinero en pesos colombianos”.

A mediados de octubre, se realizó en la comunidad Pendare, del municipio Autana, una asamblea convocada por OIPUS, a la que asistieron representantes de comunidades y de instituciones civiles y militares. El encuentro concluyó sin acuerdos entre los indígenas sobre el tema de la minería ilegal en Alto Guayapo, pero sí hubo pronunciamiento de los representantes de la Fiscalía del Ministerio Público y de la Guardia Nacional Bolivariana, orientado a tomar acciones para combatir esta actividad en la zona antes señalada.

Por otro lado, están los que se manifiestan a favor de la minería, mayoritariamente habitantes de comunidades que están dentro de la zona del Alto Guayapo, agrupados en una fundación denominada “Yuhuame del Aguacate”. En rueda de prensa celebrada este 11 de noviembre en Puerto Ayacucho, negaron la presencia de grupos irregulares en los sitios donde están sacando oro y desmintieron también la existencia de máquinas para trabajar la minería, aunque por otro lado si admitieron el uso de motobombas.

El grupo atribuyó la práctica de la actividad extractivista que hacen a la situación económica del país.

“Estamos practicando por la obligación, la necesidad, la subsistencia de la vida cotidiana”, dijo Néstor Menare, de la comunidad Pulmón del Cerro Guayapo, quien refirió que en la zona están ubicadas 4 comunidades y 2 caseríos con aproximadamente 300 pobladores.

“Yuhuame del Aguacate” tiene asesores y abogados foráneos, quienes tienen evidentes intereses particulares para que en el Alto Guayapo se abra la práctica de la minería ilegal.

Como actor importante está también el Estado, cuyas instituciones dejaron de tener acciones y resultados satisfactorios en el combate a la minería ilegal y por el contrario, esta se ha expandido en casi todos los municipios del estado Amazonas.

La actitud de los habitantes de las comunidades del Alto Guayapo contradice lo señalado en estudios sobre la concepción que tienen los indígenas de la minería en sus territorios y no toma en cuenta los efectos ambientales que esta práctica trae.

En el Informe de Minería Ilegal en Comunidades Indígenas 2020, Kapé Kapé se refiere a este tema, señalando que “las comunidades indígenas también han mostrado un total rechazo a las consecuencias que ha tenido la explotación minera en el ambiente, según lo manifestado en el informe elaborado por Kapé Kapé (Efectos de las Minería Ilegal en comunidades Indígenas, 2019), el 74% de los indígenas entrevistados indicó que los problemas ambientales han tenido una fuerte repercusión en sus comunidades”.

Por otra parte, “los trabajadores de las minas están permanentemente expuestos al mercurio que utilizan para extraer el oro, el cual es letal para la salud, pues su presencia aun en pequeñas cantidades puede provocar problemas de salud y toxicidad en el sistema nervioso, digestivo, inmunológico, así como daños en los pulmones, riñones, piel entre otros”.

“Es importante agregar que la presencia de enfermedades en las comunidades indígenas en los últimos años ha estado íntimamente ligada a la contaminación de las aguas, producto de la explotación minera. Es por ello, que las enfermedades de la piel, del aparato digestivo, diarreas y vómitos figuran como las principales luego de la malaria, ésta última fue la enfermedad que ocupó el primer lugar con un 82,6% en las comunidades indígenas durante el 2019 (Informe de Salud y Enfermedades Endémicas en Comunidades Indígenas, 2019)”.

Por el momento, la situación del alto Guayapo luce incierta con tendencia al deterioro progresivo, sin una respuesta efectiva de acción de las autoridades, territorios invadidos por grupos externos, el ambiente depredado e indígenas divididos y abandonados a su suerte en su lucha por mantener el territorio libre de la devastación de la minería y otros que bajo la excusa de la necesidad material practican la actividad extractivista.